La relativización de los conflictos

En los primeros años 80, el terrorismo en España estaba descontrolado. ETA había aprovechado el desorden político de la transición para reestructurarse e intensificar su campaña de terror hasta el punto de poner en peligro la estabilidad de nuestra recién adoptada democracia dando lugar a alguno de los capítulos más lamentables de nuestra historia moderna como el intento de golpe de estado de 1982. La estructura operativa de ETA / militar consistía en una cúpula de dirigentes afincada en el País Vasco francés y una serie de comandos operativos en algunas cuidades importantes (Madrid, Vizcaya) que, en ocasiones se establecían por un tiempo prolongado o en otras viajaban, atentaban y regresaban a la madriguera francesa a resguardarse. Mientras se sucedían los asesinatos indiscriminados y los interminables secuestros, las fuerzas de seguridad españolas observaban impotentes cómo la cúpula militar etarra se paseaba por el País Vasco francés dando ruedas de prensa - por ejemplo, tras el asesinato de Carrero Blanco -, negociando el impuesto revolucionario en cafés de Bayona, celebrando reuniones en playas de Biarritz, robando cantidades ingentes de explosivo Titadyne protegidas por candaditos y realizando entrenamientos con lanzagranadas en los bosques franceses mientras que París no sólo no hacía nada para evitarlo sino que otorgaba visados de refugiado político a los terroristas y su clase política dirigente asistía impasible ante ello, como Valery Giscard d'Estaing, quien aseguró que 'mientras yo sea presidente no se detendrá a ningún etarra en Francia'[sic]. Pero no fué el único. Suárez tuvo frecuentes enfrentamientos - documentados en libros y entrevistas - con Chirac por la nula voluntad de colaboración francesa contra ETA mientras en España había muertos a centenares, y el socialista Miterrand protestó públicamente cuando el entonces ministro del Interior Corcuera le envió a su ministro del Interior un vídeo con los atentados sincronizados de Irene Villa y dos militares, para intentar 'sensibilizar' su postura.

El márgen de maniobra de las fuerzas de seguridad españolas en la lucha antiterrorista era, por tanto, mínimo. En el mejor de los casos su labor estaba limitada a desarticular comandos o a impedir atentados, pero no tenía manera alguna de intervenir contra la cúpula de la organización, ni contra su red financiera, de captación, logística u operativa. Toda la estructura de ETA estaba en Francia y encima estaba protegida por el gobierno francés. Los españoles no teníamos medios para hacer frente a esta amenaza. Podría decirse que para nosotros ETA era como un 'bonsai': Podíamos recortarle las ramas, pero éstas volverían a crecer. Lo que hacía falta era arrancarlo de raíz, pero eso estaba sólo al alcance de nuestros vecinos, y éstos no hacían otra cosa que regarlo para que siguiera creciendo.

Ante este panorama la pregunta es obvia: ¿Cuánto tiempo puede aguantar nuestra democracia asistiendo impotente a una era de terror, de secuestros, de asesinatos y de atentados indiscriminados, de absoluta falta de libertades y de seguridad?¿Cuánto tiempo podemos vivir con miedo?

Alguien de nuestra clase dirigente, un tal 'Mr.X' creo que le llaman, decidió que no mucho. Por tanto, algo habría que hacer. Y aquí es dónde nuestro gobierno se planteó la siguiente y definitiva cuestión:

¿Seguimos enfrentándonos al terrorismo bajo los cauces legales preestablecidos y con una expectativa nula de éxito o la situación es tan grave que requiere 'medidas excepcionales' que contravienen la legalidad y que, convenientemente adoptadas, pueden suponer atajar el problema?

Todos sabemos qué decisión fue adoptada, y sus resultados. En 1983 se crean los GAL, que actúan contra ETA en territorio francés hasta 1987, dando muerte a 27 personas, algunas de las cuales no eran terroristas. Independientemente de su grado de éxito o fracaso, que no valoraré porque sinceramente desconozco; el hecho de que unos pocos agentes españoles inflitrados en suelo francés localicen y asesinen a más de 20 etarras en cuatro años y que la Gendarmería francesa apenas hubiera detenido a alguno en veinte años de historia de la organización dejó en evidencia la nula intención de detener a terroristas de los galos y desencadenó el comienzo de la colaboración antiterrorista de París. Una colaboración chantajista - nos extraditaban etarras a cambio de vendernos material para nuestras fuerzas armadas como los helicópteros Superpuma o los carros AMX-30 - y aún interesada, pero fue el starting point de una colaboración que a día de hoy es plena y ha contribuido a que el problema del terrorismo pase de amenazar nuestra democracia a constituir un problema meramente político pero apenas ya militar. Los GAL fue una decisión arriesgada, discutible, mal puesta en práctica y criminal, que además contravino las leyes internacionales al actuar en suelo francés, pero aún con todo eso, es innegable que fue efectiva de cara a los motivos por los que fué creada.

Entonces, si nuestros problemas son casi idénticos y a nosotros la estrategia nos funcionó, ¿con qué derecho podemos nosotros negarle ahora a los colombianos que hagan lo mismo? ¿Qué otra cosa pueden hacer para terminar con los secuestros y los atentados cuando los líderes de las FARC están armados, financiados y protegidos por el gobierno de Venezuela y se esconden en los países limítrofes? ¿Qué hacen si un grupo de terroristas penetra en Colombia, atenta contra un objetivo en la frontera y regresa rápidamente a territorio venezolano, dónde gozan de inmunidad? ¿No se harán la misma pregunta que nosotros?

¿Seguimos enfrentándonos al terrorismo bajo los cauces legales preestablecidos y con una expectativa nula de éxito o la situación es tan grave que requiere 'medidas excepcionales' que contravienen la legalidad y que, convenientemente adoptadas, pueden suponer atajar el problema?

Espero entonces que se les juzgue en consecuencia. Porque si levantamos la mano para uno levantamos la mano para todos.